Ciudadanía es un concepto que expresa principalmente un aspecto político, una condición en la polis, la de no ser súbdito, la de tener derechos ante el poder político, principalmente. Hoy es debatida la ampliación que en su momento formuló T. H. Marshall siguiendo el caso inglés que empieza destacando derechos civiles y continúa en otros ámbitos. En el amplio arco de la historia, desde la antigüedad clásica (greco-romana), la idea de ciudadanía está indisolublemente ligada a la vigencia republicana, como régimen político de la democracia, opuesta a la concentración de poderes, usualmente en una persona y modernamente en un “aparato” (partido único). Guillermo O´Donnell trazó una trayectoria de ciudadanía para América Latina que se inicia en el siglo XIX con explícito reconocimiento de derechos políticos, a contra mano del régimen colonial ibérico, que es la base de la perspectiva que adopta el PNUD en el documento sobre Democracia de ciudadanos (2004) que podría parecer tautológico si no captamos que se quiere enfatizar la mirada de los gobernados –en tanto libres e iguales- antes que la de los gobernantes.
“Empoderamiento”, término derivado del inglés quiere destacar este “ganar poder”, el potenciamiento de ciertos sectores que en relación a otros están (o han estado) de facto en cierta condición de inferioridad, hasta hace poco en el mundo occidental, las mujeres, por ejemplo. Para referir esto a nuestro contexto, la creciente revalorización de ciertas prácticas y vigencia de discursos que reivindican a los pueblos indígenas y por esa vía a lo rural en nuestro país –y otros de la región- en contexto de la vigencia del régimen democrático conquistado a fines de los 70s e inicios de los 80s, es un buen ejemplo de lo dicho; y también puede verse en sus riesgos.
Elaboramos algo más esto, que puede verse también como efectos “indeseados” o “perversos”, que nos hace conscientes de que el arreglo democrático es un juego de equilibrios, que incluso para alcanzar éste –siempre provisorio- como está inserto en contexto de poder, difícilmente tiene recaudos propios, o automoderación. Un colega ecuatoriano se refirió gráficamente a este efecto, en el caso específico de la aplicación de la Ley de Participación Popular[1] como “el engorde del actor”, para señalar que lo deseable es una figura atlética; que en la realidad tiene que ver con vigencia no sólo de derechos sino de responsabilidades, que son siempre con otros, precisamente porque se está interactuando en la comunidad política.
Recordemos que ese inicio del desarrollo moderno de la ciudadanía vino del ámbito conciencial (credo personal, no asunto del Estado), lo que remite a lo individual; pero en su despliegue necesariamente involucra a otros –así sea puramente en el ámbito privado- por lo que lo colectivo aparece como el complemento necesario, que cobra visibilidad en la dimensión de lo público.
[1] La LPP es sin duda una política pública exitosa en la Bolivia contemporánea, pero habría que tratar de enfocarnos en otras más recientes, quizás vinculadas al actual ciclo político y económico, digamos del 2005 adelante.
