Democracia y pluralismo

Democracia y pluralismo político

Es cierto que el concepto de democracia (aun con sus “apellidos”, p.ej. “representativa”) ha ido cambiando con el tiempo. Pero en ninguno de ellos puede significar, para que permanezca su núcleo más distintivo, la exclusión de la idea de pluralismo político (“tolerancia” en concepciones más estrechas). Por ello, un proceso como el boliviano o el ecuatoriano, envuelto en ropajes de enfático “pluralismo cultural” por aquello de lo que nuestra nueva Constitución denomina “naciones indígena originario campesinas” (NIOC), se dispara en el pié (se mete autogol) cuando en los hechos responde tan mal a las expresiones de disidencia o de crítica.

Una de las limitaciones de los regímenes anteriores, ha sido las dificultades para incluir social y económicamente a los pueblos indígenas, a pesar de que el campo para tales observaciones y críticas se hicieron precisamente por el disfrute de libertades que la democracia (política) protege y garantiza. Siendo, entonces, la falta de m{as plena inclusión una de las fallas principales de la legitimidad de los regímenes previos, la respuesta constructiva para ello no es reproducir la exclusión, cambiando los sujetos que la padecen. Aun admitiendo que no puede atenderse preferentemente a todos al mismo tiempo (contradictorio con la noción misma de “preferente”) se retrocede a lo peor de nuestras prácticas políticas cuando sólo se conceden efectivos derechos de VOZ (pública) a quienes están de acuerdo con el gobierno, régimen o “jefe” de turno.

Es importante recordar que la meritocracia surgió como un mecanismo para superar los poderes arbitrarios del príncipe, los privilegios de la nobleza y la arbitrariedad de las decisiones judiciales y administrativas de la monarquía absolutista. Los revolucionarios de la época defendían la meritocracia para garantizar la selección de funcionarios de cualquier estrato social con base únicamente en las calificaciones técnicas y exámenes de competencia y, por este medio, la imparcialidad del ejercicio de la autoridad en nombre de la Ley.

Como la democracia no es sólo una tecnología (e.g el voto), sino implica valores de convivencia en común (la vieja Polis), tal concepción de sociedad organizada preserva el equilibrio de las “partes” pues reconoce la diversidad como inherente a la misma sociedad. La democracia, en su núcleo, incluye pues la idea de que es un gobierno entre iguales al menos en ciertos aspectos (ciudadanos) que son libres; por ello es un logro civilizatorio. Quien duda que un patriarca cuida a sus allegados, o un clan tiene mando perfectamente identificable (visible jerarquía), pero no opera en un ámbito del tipo recién descrito; aunque podamos coincidir que es legítimo para sus integrantes. Lo que hace “menos malo” de los regímenes políticos a la democracia es el esfuerzo de conjugar libertad con igualdad, con todos los matices que se quiera, pero que reconoce a estos actores una calidad específica: ciudadanos/as, y por ello portadores de derechos y obligaciones que disfrutan y a los que se someten también los eventuales gobernantes. Para decirlo de manera extrema, si 99 ciudadanos están de acuerdo en alguna decisión, el uno (ciudadano/a) que esté en desacuerdo no podrá tener veto, pero los 99 restantes NO pueden decidir eliminarlo o anularlo en tanto miembro con derechos y obligaciones. Inventar o producir un delito a ese único hipotético ciudadano/a es amputarnos la posibilidad de rectificar lo que la mayoría puede estar equivocada, o al menos nos confirma racionalmente que podemos argüir con la disidencia..